Agustín del Castillo
Por: Agustín del Castillo (@agdelcastillo)
16 de enero de 2024-Ante la debilidad jurídica de dos decretos de recuperación ambiental creados alrededor del Bosque de La Primavera, el Gobierno de Jalisco intenta contrarrestar lanzando la iniciativa de creación de Áreas Naturales Protegidas en El Bajío (por el estadio de las Chivas), y en El Tajo, en el lado oriente de La Primavera.
La iniciativa se genera porque los Decretos de Restauración Ambiental creados en 2018 y 2019 por el Gobierno de Jalisco para proteger los polígonos del cerro de El Tajo y del valle de El Bajío han sufrido asedio constante de los intereses inmobiliarios.
En el caso del Valle del Bajío la zona de recuperación ambiental se encuentra en la ruta de ser inhabilitado, mientras que El Tajo ha resistido mejor por la intervención directa en los juicios de impugnación que tienen los vecinos de la Unión de Colonias de la Puerta Sur y de Salvemos al Bosque AC, promotores originales de la demarcación protegida de El Tajo.
La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet) planteó desde 2021 la necesidad de convertir los Decretos de Restauración en Área Natural Protegida con todas las formalidades, lo que implica que se deben cubrir los derechos básicos de los propietarios, a ser consultados de forma libre e informada.
El trabajo se suspendió a la salida del hoy ex secretario, Sergio Graf Montero, a finales de 2022, pero fue retomado un año después.
Hoy ya se cuenta con un modelo de decreto que ha sido consultado en las dos zonas. La hostilidad del sector privado se ha dejado sentir, especialmente en el caso de El Bajío.
El responsable del proceso por la Semadet, Diego Winter, debió afrontar los más duros reclamos en las mesas de consulta del decreto para el valle donde se ubican el estadio Chivas Akron, la Villa Panamericana y diversos desarrollos habitacionales anteriores a 2019.
“Le llegaron los propietarios con abogados y hasta con un notario, en un plan de pelea, de fuerte confrontación”, pero en el caso de El Tajo, donde el músculo ciudadano es más fuerte, el proceso fue más cordial.
No obstante, en todos los casos se abrieron agendas específicas con particulares, en busca de conciliar sus derechos con los de un área protegida. No se ha dado a conocer un documento definitivo, pero la autoridad reveló que el proceso ya está en fase final.
Los ambientalistas esperan que se cumpla con la publicación de los decretos en el periódico oficial El estado de Jalisco. No tienen una explicación sobre la demora, pero depende esencialmente de la voluntad del gobernador, Enrique Alfaro.
Derechos colecticvos
Una de las protagonistas principales sobre la lucha de la protección del área de amortiguamiento, al menos desde hace ocho años, es la ambientalista Tania Vázquez Mendoza, quien preside Salvemos el bosque AC. Fue una de las participantes de la consulta, que, pese a ser pública, fue difundida selectivamente por la Semadet.
“Al causar jurisprudencia el decreto de área de restauración ambiental El Bajío es urgente hacer declaratoria de ANP y lo mismo para el del Cerro del Tajo, que aún se sostiene en tribunales con nosotros, como terceros interesados, pero que corre el mismo riesgo porque ambos comparten la figura de protección”, explica a Verdebandera.
“Esta categoría -la de área de restauración- sirve para asegurar áreas naturales en procesos difíciles y urgentes a proteger; por eso se niega el derecho de audiencia, mismo que después deberá reponerse. El 7 de diciembre asistí a una convocatoria de mesa de trabajo con Semadet para la elaboración del Estudio Técnico Justificativo y el programa para el manejo y conservación del proyecto de Área Estatal de Protección Hidrológica Cerro del Tajo y hubo lo mismo para El Bajío, donde participaron propietarios y ciudadanos en general”, detalla.
Con referencia al del Cerro del Tajo “fuimos enfáticos en la importancia de la conservación y preservación boscosa que protege el inicial decreto para evitar la afectación al bosque y los servicios ambientales que nos brinda incluyendo el ser proveedor de agua a los que vivimos cercanos a este, por lo que pensar en impermeabilizar ese territorio con más urbanización es contraproducente para todos”.
Además, está documentado el riesgo de derrumbes, deslaves e inundaciones; “estudios de riesgos calculan llegarían más allá de avenida López Mateos es otro punto importante en observar para la protección”.
La activista reconoce que los intereses privados, en particular, de los fraccionadores, han hostilizado la protección.
“Es entendible la molestia tras haberse negado el derecho de audiencia, pero los derechos humanos de tercera generación justamente son para garantizar derechos primordiales para la vida como lo es el derecho al agua y un medio ambiente sano”.
“Ningún derecho adquirido particular debe estar por encima del derecho de la comunidad. Ojalá el gobierno estatal decida hacerlo ya, urgen acciones reales de protección para el Bosque La Primavera”, remata.
Enfoque jurídico-ambiental
El proceso de ambas propuestas de ANP, para El Bajío y El Tajo, busca constituir áreas estatales de protección hidrológica bajo el sustento de poner los intereses sociales a un ambiente sano y a servicios ambientales por encima de intereses económicos y políticos.
Ambas propuestas están ubicadas en zonas de recarga de agua; el bosque completo se estima que captura por año alrededor de 240 millones de metros cúbicos, más de los que Guadalajara le extrae al lago de Chapala (que ronda alrededor de 210 millones de metros cúbicos).
En el caso de El Bajío, un punto de conflicto potencial es la incongruencia entre el Plan Parcial de Desarrollo Urbano del Distrito 9 de Zapopan (2012) con el planteamiento del Programa de Ordenamiento Ecológico local de 2018, en un contexto de fuerte especulación inmobiliaria.
Tras la emisión del decreto de 2019, se emitieron más de 70 amparos de propietarios privados.
El interés económico más fuerte lo tiene la empresa propietaria dueña del Club Deportivo Guadalajara, que construyó el estadio Akron y lo puso a operar en 2010. Un gran plan de desarrollo inmobiliario (posee más de 50 hectáreas) fue bloqueado por el decreto de 2019, que se extiende en total sobre 980.9 hectáreas.
Los abogados de la empresa de la familia Vergara fueron los más beligerantes en los procesos de consulta, de acuerdo a fuentes consultadas por este medio.
En contraste está el caso de El Tajo, donde la investigadora de la Universidad de Guadalajara, Ana Luisa Santiago, ve “un ejemplo de la lucha social que cuenta con el apoyo de la defensa real de asociaciones de colonos mediante recursos legales de protección de la zona”.
“En gran medida, esta declaratoria posibilitó la reducción de riesgos ante eventuales deslizamientos de tierra, que se hubieran potenciado si se incrementaba el cambio de uso de suelo de bosque a zona urbana”.
Conforme al Atlas Estatal de Riesgos de Jalisco, ese polígono decretado en enero de 2018 “se localiza dentro de los polígonos de riesgo alto y medio a deslizamientos de laderas”.
“El estudio técnico justificativo para su declaratoria, sobre 1,684.03 hectáreas de extensión, suma un enlace natural de continuidad al área de protección forestal y de fauna de La Primavera, para la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de los procesos ecológicos en la dinámica del ecosistema”.
El cerro es punto alto de dos microcuencas hidrológicas con creciente urbanización: Santa Anita y San Sebastián El Grande. Por eso es esencial que la zona de recarga se mantenga y se eviten los procesos erosivos que generan un alto riesgo en las partes media y baja de las cuencas.
“Además, se puede observar que el polígono de Santa Anita Hills (proyecto inmobiliario frenado por el grupo ciudadano) se encuentra asentado entre las dos microcuencas, y por tanto, es importante que no prospere para que no se altere la dinámica del ciclo hidrológico”, sostiene la científica Ana Luisa Santiago.
Para esa opinión, se basa en el estudio realizado por Álvarez-Pérez en el año 2020 acerca del modelaje del balance hídrico para La Primavera y su zona de influencia.
“Este complejo paisajístico está conformado por diez microcuencas. Algunos datos relevantes derivados de este estudio señalan que la microcuenca Santa Anita cubre una superficie de 13,748.8 hectáreas, y en su punto más alto tiene una elevación de 2,154 metros (sobre el nivel del mar) y una pendiente de 16.3 por ciento”.
“La morfometría de la microcuenca es de forma oval oblonga, y se encuentra rodeando al desagüe, es decir: tiene una tendencia mayor a concentrar el escurrimiento de una lluvia intensa y formar fácilmente grandes crecidas”.
Respecto a la microcuenca San Sebastián El Grande, cubre una superficie de 9,609.1 hectáreas, con una elevación de 2,175 msnm y pendiente media de 17.5 por ciento, lo que le impone dinámicas aún más drásticas en caso de que la cuenca sea alterada.
Debilidad jurídica
La declaratoria de Zona de Recuperación Ambiental como figura jurídica, no prevé el derecho a la consulta debido a que es transitoria y a que atiende situaciones de urgencia donde el interés común es superior al privado.
Los temas de riesgo fueron invocados en el primer decreto de El Tajo, publicado por el ex gobernador Jorge Aristóteles Sandoval, lo que ha llevado a un fuerte desgaste entre quienes desean la protección y los que buscan la urbanización.
En el caso de El Bajío la fragilidad jurídica es mayor porque la iniciativa gubernamental no fue respaldada por los vecinos, aunque hay antecedentes de defensa de la zona por agrupaciones como el Parlamento de Colonias y la Unión de Colonos de Rancho Contento.
Pero estas agrupaciones fueron defenestradas por el gobernador Enrique Alfaro Ramírez y el ex alcalde de Zapopan, Pablo Lemus (pretextando presunta corrupción que jamás probaron), lo que derivó en que la acción de gobierno se quedara sola frente a decenas de juicios que impugnaban la acción, los cuales se han ido ganando por los particulares y están a punto de generar jurisprudencia, lo que obliga a una rápida respuesta pública o perder lo ganado desde 2019.
Sergio Hernández
