La CNDH señala violaciones al derecho al agua por cervecera en Mexicali

Por: José Ignacio de Alba / Pie de Página

9 de febrero de 2020.- La instalación de la empresa Constellation Brands (dueña del Grupo Modelo) pone en peligro el acceso al agua de la población y de los agricultores del Valle de Mexicali. Esa es la conclusión que se desprende de la recomendación 1/2020 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la cual está dirigida a la Comisión Nacional del Agua y el gobierno de Baja California .

La recomendación hace énfasis en las irregularidades de una entidad federal y otra estatal para permitir a la mayor cervecera del mundo instalarse en un área con escasez de agua.

Esta es la primera recomendación emitida por la CNDH desde que Rosario Piedra Ibarra se encuentra al frente de la institución.

El documento señala que la “La Ley de Aguas Nacionales, su Reglamento y la legislación en materia de agua del estado de Baja California presentan insuficiencias que obstaculizan el acceso al agua para el consumo personal y doméstico”.

Mexicali se encuentra en una zona desértica de clima seco, con poca vegetación, “con acuíferos sobreexplotados, vedados y con un río sujeto a un Tratado Internacional desde 1944 para su control”, dice el texto.

La CNDH señala que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el gobierno de Baja California Norte deben privilegiar el acceso al agua de la población, antes que el uso comercial. La propia comisión estima que para elaborar un litro de cerveza se requieren 6 de agua.

Abusos empresariales

Constellation Brands, con sede en Nueva York, es líder en la venta de alcohol en el mundo. La compañía tiene un portafolio con más de 100 marcas de vinos, licores y cervezas. En 2013 la compañía compró Grupo Modelo, la empresa cervecera más importante de México.

Constaleation Brands tiene plantas de producción en Nava, Coahuila y Ciudad Obregón, Sonora.

Las actividades de la Empresa se orientan fundamentalmente a la producción de cerveza para su exportación y posterior distribución en los Estados Unidos, de ahí la necesidad de realizar sus procesos industriales en puntos estratégicos de la frontera con ese país.

México es el cuarto exportador de bebidas alcohólicas en el mundo, el principal lugar de destino es Estados Unidos.

En Mexicali el proyecto ha tenido descalabros desde que se anunció su instalación en 2015. Primero fue la movilización campesina que se desenvolvió en uno de los movimientos ciudadanos más importantes de los últimos años en Baja California, con el llamado Mexicali Resiste. Desde entonces la empresa ha sufrido retrasos para concluir la obra.

Sigue el apoyo gubernamental a la cervecera

León Fierro, integrante de Mexicali Resiste, explica en entrevista telefónica que “la CNDH no es la institución que nos va a garantizar el acceso al derecho al agua, pero si es un un punto de apoyo. Porque todas las instituciones le estaban dando la venia a la empresa”.

Fierro relata que el gobierno morenísta de Jaime Bonilla y el gobierno federal siguen apoyando la instalación de la cervecera. A pesar de la recomendación, explica, las acciones contra la instalación de la empresa continúan:

“Seguimos analizando las vías jurídicas, seguimos con movilizaciones, estamos articulándonos a nivel nacional. Estamos con la iniciativa Agua Para Todos, queremos una ley que permita la democratización del acceso al agua; no solo a los empresarios y sus representantes, en los partidos políticos”.

Fierro explica que pese a las movilizaciones sociales, Constellation Brands mantiene irregularidades en la forma de obtener permisos. Incluso asegura, que no se ha establecido la cantidad de agua que consumirá la empresa. La propia CNDH señala la necesidad de que la Conagua “haga públicas las cesiones de derechos tramitadas ante esa autoridad, por parte de la Empresa”.

Hasta el momento hay, al menos, 30 integrantes de Mexicali Resiste con procesos judiciales por oponerse a la instalación de la compañía, explica Fierro.

Entre las recomendaciones de la CNDH a Conagua y al gobierno de Baja California Norte se pide el diseño de “un protocolo para la evaluación de factibilidad del suministro de usuarios industriales con alto consumo por parte de las comisiones estatales de servicios públicos, mismo que deberá prever, entre otros, el análisis de disponibilidad de recursos hídricos, estudio de riesgos e impactos en la provisión a otros usuarios del servicio público, al igual que medidas para la protección prioritaria del abastecimiento humano para fines personales y domésticos”.