Agustín del Castillo
Por Agustín del Castillo
29 de septiembre de 2014.- La explotación del yacimiento de hierro en Peña Colorada, en los límites de Jalisco y Colima, la más importante del país por volumen de producción, tendrá que detenerse.
El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y del Trabajo decidió otorgar al ejido nahua de Ayotitlán una “suspensión de plano” para efecto de que no se realicen actividades en las 1200 hectáreas que se disputan los campesinos jaliscienses con el consorcio minero del grupo transnacional que conforman Ternium y Arcelor-Mittal.
En el marco del expediente de revisión 231/2013, el pasado 19 de septiembre, los magistrados acordaron enmendarle la plana al juez IV de distrito de Guadalajara, que había negado la medida cautelar y otorgar la “suspensión de plano” a los indígenas, que disputan la zona con la minera desde hace más de medio siglo.
El auto con carácter de ejecutoria, que no puede ser combatido sino hasta que se resuelva de fondo el amparo 462/2013 interpuesto por la comunidad quejosa, fue publicado en la página del Poder Judicial de la Federación el 26 de septiembre.
Por unanimidad, los ministros apoyaron la ponencia del magistrado Tomás Gómez Verónica, y modificaron el acuerdo “que niega la suspensión de plano”, lo que significa que los campesinos reciben la protección de la justicia federal “contra los efectos y consecuencias” de actos de la Secretaría de Economía, división de minas y de concesiones; de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y de los gobiernos municipales de Minatitlán, Colima, y Cuautitlán, Jalisco.
De esta manera, se suspenden efectos de las concesiones mineras, su inscripción, la emisión de permisos ambientales (indispensables para los aprovechamientos) tanto en el tema de la extracción mineral y del uso del agua, y los permisos de construcción y de operación de instalaciones mineras en la superficie en disputa, que asciende a 1,200 hectáreas que forman parte del plano definitivo del ejido Ayotitlán.
Las concesiones mineras reclamadas, que se emitieron a favor de la empresa Consorcio Minero Benito Juárez Peña Colorada, SA de CV: Rincón II, título número 196668 y Ampliación Rincón II Título 2262253; Los Juanes 227602, “para realizar trabajos de exploración, explotación, beneficio y depósito de material estéril y los diversos actos de ejecución; actos que tienen como consecuencia la privación de la propiedad, posesión y disfrute de nuestros bienes agrarios, así como la substracción del régimen jurídico ejidal y la obstrucción del libre acceso a los terrenos en una superficie aproximada de 1,202-87-93-931 hectáreas de terreno de uso común del ejido de Ayotitlan, de Cuautitlan, Jalisco, en dos predios: uno de 401-00-00 hectáreas y otro de 801-87-93-931 hectáreas”, según la demanda inicial, en poder de este reportero.
El juicio fue abierto y promovido por una mayoría de ejidatarios, con la asesoría del Instituto de Derecho Ambiental (Idea), que preside Raquel Gutiérrez Nájera. El director de ese organismo, Pedro León Corrales, y la presidente de la Unión de Pueblos Sierra de Manantlán, Rogelia Justo Elías, consideraron que el triunfo jurídico, si bien, aún parcial, no tiene precedentes en la historia de este conflicto, uno de los casos más emblemáticos de violación de derechos humanos e indígenas en esta región del país.
Es un camino para alcanzar la justicia, pues por décadas se han violado los derechos y se han extraído bienes de la comunidad con un beneficio raquítico para sus integrantes; ahora se busca ir a fondo para que se recuperen la totalidad de los bienes ejidales que han sido arrebatados”, señalaron.
El proceso de notificación se hará en los días siguientes. Según los representantes, el grueso de los recursos mineros que extrae Peña Colorada son de la zona nahua.
Medio siglo de disputa
A comienzo de los años 60 del siglo XX, cuando la Sierra de Manantlán estaba en manos de los talamontes y un movimiento indígena incipiente buscaba la recuperación de sus bienes primordiales, el gobierno mexicano abrió a la operación el consorcio Benito Juárez Peña Colorada, que se impuso sobre derechos comunales y abrió una exitosa explotación de hierro
La empresa paraestatal fue transferida en 1992 a un grupo industrial regiomontano, que después sumó en sociedad a las transnacionales Ternium y Arcelor Mittal
“La mina es un tajo abierto la cual comenzó las operaciones en 1975, y tiene una capacidad de producción de 8.5 millones de toneladas de mineral de hierro triturado por año. Existe un línea de dos plantas pelletizadoras para la mina Peña Colorada, con una capacidad instalada de 4 millones de toneladas de pellets de hierro por año más unos adicionales 0.4 millones de toneladas por año de pellets de alimentación. En el 2003, el 55% de la producción total de la compañía provino de la mina”, señala el sitio mexico.infomine.com
Los ejidatarios siempre han reclamado que la mina se ubica dentro de su superficie de dotación que les otorgó el gobierno mexicano.
Apoyo a nahuas
El grupo promotor nacional de “Agua Para Todos, Agua Para la Vida”, que se reunirá en Guadalajara el 2 de octubre, acompañará a los indígenas nahuas de Ayotitlán para exigir la suspensión judicial efectiva de las concesiones mineras a la empresa Peña Colorada dentro del polígono de dotación del ejido.
Tras reconocer que es la principal explotación de hierro a nivel nacional, la presidente del Instituto de Derecho Ambiental, Raquel Gutiérrez Nájera, explicó que no son menos importantes los derechos humanos y agrarios que “sistemáticamente” a violado la minera en perjuicio de los aborígenes.
Puso en relieve que por tratarse de una ejecutoria emitida por un colegiado, no hay manera de dilatar su aplicación, de no hacerlo implicaría una omisión de faltas administrativas de hasta una infracción del orden penal.
Redacción
