Redacción VerdebanderaDejar que los diputados tengan la última palabra en las tarifas del agua, aún con los nuevos Consejos Tarifarios, provoca una amenaza de veto por el Ejecutivo y parálisis en el tema.
Por Sergio Hernández Márquez @sergio2hm
El 12 de enero de este 2012 la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso de Jalisco sesionó con el fin de modificar la Ley del Agua para el Estado de Jalisco y sus Municipios, estableciendo los Consejos Consultivos Tarifarios que deberán, en cada municipio, fijar el precio del agua a los consumidores finales.
El diputado Jesús Casillas se mostraba satisfecho porque, contrario a los acuerdos previos entre diputados y la Comisión Estatal del Agua (CEA), el ahora candidato a Senador logró modificar el dictamen final evitando que el Poder Legislativo quedara fuera de decidir el precio del agua, sin importar que esto pudiera ir en contra de las necesidades de los ayuntamientos para establecer, junto con los consejos tarifarios de participación ciudadana, un precio mínimo indispensable que soporte el seguir ofreciendo el servicio a la población.
Al conocer el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, César Coll Carabias, titular de la CEA, llamó de inmediato al Secretario General de Gobierno, Víctor Manuel González Romero, iniciando así una negociación entre Poder Ejecutivo y Legislativo, evitando que, desde hace dos meses ya, el asunto sea llevado al pleno del Congreso de Jalisco para su discusión y votación entre los diputados, ante un posible veto por parte del Ejecutivo.
La postura del titular de Coll Carabias es muy clara: asegura que esta es una modificación legal regresiva, que sólo burocratiza el ajuste de las tarifas de agua con la existencia de un paso más, el Consejo Tarifario, organismo de consulta planteado originalmente para que fuera el que, con criterios meramente técnicos y no políticos, definiera el costo adecuado del servicio en una tarifa que permita dar agua potable, ofrecer el servicio de alcantarillado, sanear las aguas residuales, invertir para el mantenimiento de la red y crecer de acuerdo a las necesidades demográficas.
“Nosotros estamos, y le pedimos inclusive la intervención a la Secretarías General de Gobierno para que, siendo el interlocutor oficial con el Poder Legislativo, se nos escuchara y se revisara antes de proponerle al pleno cualquier modificación”, argumenta Coll Carabias.
“Sabemos que la gran mayoría de los diputados son ajenos a estos temas, realmente no profundizan, tienen otras cosas, pero la repercusión (negativa) que nos puede hacer el que se apruebe en la forma que el diputado Casillas lo propuso, que por cierto no me acuerdo haberlo visto nunca en la Comisión de Recursos Hidráulicos ni nunca nos ha hablado para decir, ‘oigan estoy haciendo una propuesta en estos términos, qué problemas tendría’”.
“Entonces definitivamente preferimos que no se hiciera nada, que no se alteraran las cosas que aprobar una modificación a la ley que nos va a perjudicar. Es regresiva, claro, porque te mete otro paso más, esto es, la burocratiza, entonces nosotros lo que pedimos es el facultamiento de la ciudadanía en la participación justamente de estos comités, de tal forma de que sean los ciudadanos los que vean y discutan la problemática de su organismo operador y las tarifas y podamos en una forma ordenada y colegiada autorizar o discutirlas de tal forma de que lo que se apruebe sea en beneficio de ambas partes, de los ciudadanos y de los organismos operadores. Qué caso tiene dar ese paso (de la creación de los Consejos Tarifarios) si al final va a ser otra vez el Congreso el que decida, y el Congreso se manifiesta caprichoso en muchas de estas determinaciones, entonces para qué tener esta modificación e implementar un paso más para la autorización de las tarifas, no tiene justificación”.
César Coll subraya entonces que la decisión debe ser dejar el consejo tarifario que argumente y establezca el costo del agua y el Ayuntamiento, siendo el contrapeso político, analice y avale sin que luego tenga que intervenir un tercero, que es el Congreso de Jalisco y 39 diputados que poco entienden del asunto.
Derecho Humano al Agua
Las modificaciones a la Ley del Agua aprobadas en la Comisión de Puntos Constitucionales consideran también la inclusión del Derecho Humano al Agua, como ya se contempla en el Artículo Cuarto de la Constitución federal. Ante este hecho, el director de la Comisión Estatal del Agua, César Coll, considera que meterá en problemas a los Ayuntamientos, quienes por ley tienen que dar el servicio, y mas si se toma en cuenta que no pueden tener tarifas adecuadas que capitalice su organismo operador.
Por ello considera que de la mano a la aprobación a este derecho, la Ley de Agua de Jalisco debe evitar el sesgo polìtico de la manipulación de tarifas por parte del Congreso de Jalisco.
“Yo no estoy en contra (del derecho humano al agua), el problema que yo le veo es que el municipio no va a tener los recursos para hacerle frente a esa nueva obligación que se le da, entonces que caso tiene aprobar una enmienda constitucional para dejarla en letra muerta”, expresó.
La visión de Jesús Casillas
El diputado Jesús Casillas Romero justifica lo aprobado en la Comisión de Puntos Constitucionales al señalar que las leyes de Jalisco contemplan que las leyes de ingreso municipales sean aprobadas por el Congreso, en las cuales se incluye el precio del agua.
Según el legislador, lo que plantea es que las reformas establezcan candados que obliguen a los legisladores a observar lo que señale el consejo tarifario “igual que como sucede con el Consejo Técnico de Valoración Salarial, a cuyas normas nos ceñimos cuando se trata de salarios y prestaciones de los servidores público”.
La Comisión Estatal del Agua y el Poder Ejecutivo proponían modificaciones legales para evitar que el Congreso de Jalisco interviniera en el asunto. Ahora lo que se buscará, de acuerdo con el diputado, es que se deba atender de forma obligatoria lo que señalen los consejos consultivos tarifarios
“La obligación de los diputados sería aprobarlo, porque se trata de una decisión fundamentada, pues el objetivo es impedir que se maneje conforme a los intereses políticos de los legisladores un asunto tan delicado”, expresó en entrevista quien pidió a Coll Carabias que acerque sus comentarios y sus objeciones a las diversas comisiones que están analizando el caso.
Además de la entrevista ofrecida por Jesús Casillas, su equipo técnico en el Congreso de Jalisco elaboró un comunicado de 5 puntos que es el siguiente:
1.- Falso que el Congreso Estatal se oponga a modernizar el sector agua.
2.- No existe frustrado intento de reforma ni veto del Ejecutivo, puesto que el asunto de mérito no ha sido aprobado por el Congreso del Estado y se encuentra actualmente en estudio de la Comisión Legislativa de Hacienda y Presupuestos, la cual resulta ser, precisamente la comisión competente en materia fiscal y hacendaria.
3.- Es falso que Jesús Casillas haya presentado una propuesta tarifaria regresiva, en realidad ninguna de las iniciativas a dictaminarse en la materia corresponden a dicho legislador.
4.- Lo cierto, es que con fecha 12 de enero de 2012, la Comisión de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos, aprobó un dictamen en el que, el tema que satisfacía la intención del voto de los integrantes de la comisión, lo fue el incorporar herramientas de consulta en las que convergirían la parte técnica y la de participación ciudadana, a efecto de obtener propuestas tarifarias lo mejor soportadas, justificadas y socializadas posibles (Consejos Tarifarios).
Luego, a partir de entonces el asunto pasó a manos de la Comisión Legislativa de Hacienda y Presupuestos, que es la comisión competente para entrar al estudio de fondo, esto es, particularmente lo relacionado con la naturaleza fiscal y hacendaria de las tarifas de Agua, y se valore la posibilidad de darle una connotación distinta a la “contribución” del cobro del agua, para que este no siga formando parte de la Leyes de Ingresos, que por mandato Constitucional, concretamente el artículo 89, su aprobación es facultad del Congreso del Estado.
5.- En base a ello, es evidente que no se pudo dejar atrás ningún acuerdo del mes de enero, como falsamente lo asegura el titular del CEA, puesto que desde aquel mes, el asunto no se encuentra ya en manos de la Comisión a cargo del Diputado Jesús Casillas Romero.
«Llama la atención», agrega el comunicado, «que el Titular de la Comisión Estatal del Agua se refiere al legislador Jesús Casillas Romero, como el hoy aspirante priísta al Senado, lo que aunado a la patente falsedad de sus declaraciones dejan en claro para el legislador que sólo se trata de un tierno embate de “Guerra Sucia” de tinte electoral de parte del funcionario».
Dictamen 12 de enero Congreso de Jalisco.
Mario Marlo
Sergio Hernández
Redacción