En Jalisco, la verificación agoniza, entre el populismo de Lemus y el de los diputados

Por: Agustín del Castillo

31 de octubre de 2025.-Los diputados de Jalisco amenazan con terminar de arruinar la verificación de vehículos, a la que el hoy gobernador Pablo Lemus Navarro dio un primer golpe severo al decidir convertirla en un procedimiento gratuito para alrededor de tres millones de automovilistas que circulan cotidianamente en el área metropolitana de Guadalajara, pese a que las emisiones de los autos ocasionan severos daños a la salud de los habitantes de la ciudad, incluidos, según cálculos conservadores, 800 muertes anuales (Organización Mundial de la Salud).

Es verdad la crítica de que, aislada de una política general de prevención y combate de la contaminación del aire, los efectos del programa son menores. Incluso así, el hecho de que cada dueño de automotor debiera desembolsar 500 pesos más por año -se califique o no de medida “recaudatoria”- funcionaría como disuasor para que el ciudadano se decidiera a adquirir un auto.

El simple anuncio de que sería gratuita, detonó la de por sí elevada estadística de adquisición de automóviles: en 2023, cada día se incorporaban 657 automóviles al padrón vehicular de la entidad. Para 2024, cada día se agregaron 823 vehículos, es decir, 25 por ciento más por día que un año antes.

No pagar verificación “ayuda” a decidirse a comprar un auto, así sea de modelo atrasado. Porque además, no aplicar medidas coercitivas -como hasta ahora ha sucedido-, sencillamente ayuda a que no verificar no tenga consecuencias.

Los diputados locales, presuntamente preocupados por la economía popular, no han levantado la voz para reclamar al gobernador en funciones el verdadero daño que ya causó al erario: si los 3 millones de autos del AMG verificaran gratis -como está previsto-, el que paga es el gobierno, es decir, todos nosotros.

En ese supuesto, deben salir de la bolsa de los impuestos 1,500 millones de pesos. Para que el lector se dé una idea: jamás se ha otorgado un presupuesto de ese tamaño a la Secretaría de Medio Ambiente en Jalisco. Y si bien, de 20 a 30 por ciento del monto total podría ir al Fondo Ambiental (de 300 a 450 millones de pesos), es evidente que habría sido más barato destinarlo directamente y que los ciudadanos pagaran su obligación, ante el privilegio que implica usar un auto y el grave daño en salud pública que ocasiona.

Hay algunos dichos de los promotores de cancelar el programa, que merecen un examen: el petista Leonardo Almaguer, la morenista Iztul Barrera, la «futurista» Tonantzin Cárdenas, sumaron condenas contra el programa al considerarlo como un negocio de mafia, un impuesto recaudatorio y un monopolio. Conviene recordar que el viejo programa de afinación controlada, que surgió en los años de Francisco Ramírez Acuña y derivó en un programa de verificación en el que los talleres de afinación eran juez y parte, lo que arrojó una enorme corrupción, que incluía desde autos-madrina (para que nadie dejara de aprobar el trámite, aunque trajera una locomotora de carbón) hasta la venta directa de hologramas sin cubrir el procedimiento. En realidad, el planteamiento de «Ley Gobel» (en honor al fallecido activista antiverificación Alejandro Gobel, asesinado en noviembre de 2024, hecho que al menos públicamente no está esclarecido), que hizo Itzul Barrera, implica regresar a ese esquema. Ha pasado en comisiones, pero no ha sido votado por los legisladores.

La valoración del programa en vigor está llena de imprecisiones, clichés y desinformación, pues parece que solo se trata de ganar el aplauso fácil: el pago a las concesionarias depende del número de verificaciones, y no es un monto fijo. Eso significa que si se alcanzara el millón de verificaciones de este año, como es la meta, el gobierno pagará 500 millones de pesos de nuestros impuestos. Y de ahí saldrá para pagar el programa y entregar al Fondo Ambiental. El daño del compromiso populista asumido por Lemus (pues fue para ganar votos, no pensado en términos de lo que realmente conviene a la sociedad, a pesar de ésta) es mayúsculo. Y no hay de otra que cumplir.

Porque, por si no lo han considerado, hay contratos que se deben pagar con las empresas que suministran tanto el software como el servicio directo de medir contaminantes en cada automotor. Y esos contratos tienen cláusulas que se pueden reclamar. Si las autoridades locales, con ayuda de los nuevos jueces “del pueblo”, desconocen el compromiso, existen instancias internacionales que los podrán obligar, o exponerse a un descrédito tal, que Jalisco pierda su calidad de estar entre los tres principales destinos de inversión extranjera de México. Nada más.

Además, a los diputados no se les puede olvidar que, les guste o no, la verificación es una obligación. Está en la norma oficial mexicana NOM-041-SEMARNAT-2015, que establece los límites de emisión de contaminantes para vehículos a gasolina, y la NOM-047-SEMARNAT-2014, Que establece las características del equipo y el procedimiento de medición para la verificación de los límites de emisión de contaminantes, provenientes de los vehículos automotores en circulación que usan gasolina, gas licuado de petróleo, gas natural u otros combustibles alternos. No se trata de algo opcional.

Vivimos tiempos en que parece que preocuparse de las consecuencias a largo plazo de las decisiones de política pública, ha perdido relevancia. Las administraciones federal y estatales de los últimos siete años han decidido alegremente que el único objetivo de la política es la conquista y la conservación del poder. Y si necesitan generar pasivos fiscales impagables, que ciertamente cancelan el futuro de los que están naciendo y de quienes lo hicieron los últimos 20 años, no es relevante. Aquí aplica bien ese dicho tramposo con que antiguos usuarios de transporte público se disculpaban, cuando invadían los camiones y pretendían evadir el pago del boleto: “el de atrás paga”. Aunque quizás en los siguientes años ya no haya alguien que pueda hacerlo.

El uso de esa muy real historia (nada de leyenda urbana) que se repetía, para amargura de los operadores de camiones urbanos, todos los días, sobre todo con “estudiantes” o aficionados al futbol, en los años setenta y ochenta del siglo pasado, sirve para llamar la atención sobre los aspectos reales de la conformación de una política pública responsable para resolver la terrible movilidad en que está hoy empantanada la ciudad de Guadalajara: si debe haber subsidios, deben ser para el transporte público, y no el privado. 1,500 millones de pesos anuales para esta forma de movilidad habrían permitido en los siguientes diez años, el desarrollo de líneas de BRT o la aportación estatal para líneas de tren ligero. En esa dimensión se debe estimar el daño que ya causó el gobernador Lemus con sus promesas electoreras que deberá cumplir, y el que amenazan con terminar de aplicar los poco espabilados diputados, demasiado ocupados en su lucha por el poder como para entender lo que de verdad necesita la sociedad de Guadalajara. Desolador.